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Bolivia

A 22 años de la Guerra del Agua

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Este abril se cumplen 22 años de la llamada “Guerra del Agua”, cuyo epicentro fue el departamento de Cochabamba y su detonante la privatización del abastecimiento de agua potable.

Impulsada por el Banco Mundial, en febrero de 2000 la empresa multinacional Bechtel firmó un contrato con el exdictador Hugo Banzer Suárez, entonces presidente de Bolivia, para privatizar el servicio de suministro de agua a Cochabamba. El contrato fue oficialmente adjudicado a una empresa denominada Aguas del Tunari. La firma del contrato contó con la presencia del presidente y otros representantes gubernamentales, incluyendo el alcalde, quienes mostraron su conformidad con el acuerdo pactado promulgando, adicionalmente, la ley 2029, para legalizar el trato.

Esta privatización, en corto plazo, ocasionó el aumento en las tarifas del agua, elemento que, para colmo, escaseaba hace años en la ciudad. Es así que se iniciaron una serie de protestas de la ciudadanía, encabezadas por lo que en un inicio sería el Comité de Defensa del Agua y se convertiría, posteriormente, en la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. Paros, bloqueos y marchas se sucedieron por siete días, en los cuales el gobierno cometió muchos errores, los mismos que solo enardecieron a la población y causaron una gran cantidad de heridos, arrestados y algunos muertos.

Entre los errores del gobierno estuvieron: subestimar la protesta considerándola menor y pasajera, ejercer demasiada violencia en las manifestaciones, arrestar a los dirigentes del Comité, asociar al movimiento popular con el narcotráfico, entre otros.

El gobierno no dio su brazo a torcer sino hasta que la violencia llegó a un máximo nivel, ocasionando el linchamiento de un capitán en Achacachi, población altiplánica que, junto a otras, se habían adherido a la lucha.

Finalmente, tras siete intensos días, el gobierno anunció la abolición de la ley 2029 y la retirada del Aguas del Tunari del país.

A 22 años de aquellos acontecimientos, se han identificado muchos culpables cuyos errores causaron la intensificación de las protestas y la violencia. Uno de ellos fue Samuel Doria Medina, quien, siendo alto dirigente del MIR, estaba presente para asegurar que el contrato se firmara, pues había comprado el 5% del paquete accionario de Aguas del Tunari.

Otro de los culpables es el entonces alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, quien en repetidas ocasiones quiso deslindar responsabilidades en el caso. En 2002, el vocero del MNR, Mauricio Antezana Villlegas , recordó que fue Reyes Villa quien firmó un documento por el cual recomendaba al Poder Ejecutivo el alza de tarifas, hecho que luego fue aceptado por la Superintendencia de Aguas. Por otro lado, el exalcalde fue culpable por su inacción, pues no solo estuvo presente en los festejos de la firma del contrato con Aguas del Tunari, sino que no “abrió la boca” hasta que el conflicto ya se había desatado, e incluso después, más allá de hacer algunas declaraciones, no tomó ninguna acción.

La Guerra del Agua, preámbulo de la posterior Guerra del Gas, fue un punto de inflexión en la historia de Bolivia, pues demostró al gobierno los alcances del poder popular.

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