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Bolivia

La controversia sobre el manantial Silala no pone en discusión la soberanía de Bolivia

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Hoy iniciaron los alegatos entre Bolivia y Chile por el caso “Disputa sobre el estatus y uso de aguas del Silala”. Se trata de una querella a definirse sobre la base de una demanda presentada por Chile contra Bolivia en 2016, por lo cual la Corte Internacional de Justicia dirimirá la controversia sobre la situación y la utilización de las aguas del Silala. En resumen, lo que busca Chile es que se reconozca que el Silala es un río de curso internacional, mientras que lo que Bolivia busca es que se reconozca que tiene derecho a decidir sobre el uso de los canales del Silala en su territorio en el marco de su soberanía y que la entrega de las aguas, que fluyen artificialmente, está sujeta a la celebración de un acuerdo.

¿Cuáles son los orígenes del conflicto? Desde 1908 hasta 1996, Bolivia sostuvo que el Silala era un manantial que daba lugar a un curso de aguas (río) que fluía en territorio boliviano hasta el vecino país de Chile, así se lo consideró cuando la prefectura de Potosí dio en concesión indefinida el uso de las aguas del Silala a una empresa inglesa, que fue la que mejoró el caudal del curso natural del Silala, mediante canalizaciones construidas en territorio boliviano.

En junio de 1997, el gobierno boliviano, durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, revocó la concesión y el 1999, en el gobierno Hugo Bánzer, se estableció que el Silala no era un río sino un manantial. La controversia se manifestó con mayor claridad en 2003, sin embargo, a causa de los problemas políticos bolivianos, se dejó de lado hasta 2009, cuando durante el primer gobierno del MAS-IPSP, el presidente Evo Morales acordó incluir el tema del Silala en la agenda bilateral con Chile, fruto de lo cual se logró un principio de acuerdo, a partir del reconocimiento chileno de que debía pagar al menos el 50% del uso de las aguas del Silala. Lamentablemente, este acuerdo no prosperó porque el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) lo rechazó, exigiendo el 100% del pago.

En este contexto, existen tendencias opositoras que buscan mostrar un posible “fracaso” de la comisión boliviana que lleva los alegatos a la Haya, comparándolo con el “desfavorecedor” resultado que se obtuvo con la demanda marítima, sin embargo, se trata de asuntos completamente diferentes, pues en ningún caso la Corte Internacional de Justicia podría oponerse a la soberanía boliviana sobre el Silala, pues hacerlo iría en contra de todo el derecho internacional. Además, la comisión parte del concepto de que el fallo será justo y permitirá que ambos países, según las atribuciones y derechos establecidos, usen con responsabilidad y equilibrio las aguas en cuestión.

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