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Bolivia

Gobierno denuncia daño económico a medios estatales durante el régimen de Jeanine Añez

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#DañoAlEstado

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón reveló que en la gestión de facto de Jeanine Áñez, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020,“El manejo de los medios estatales ha incurrido en procedimientos fuera de la norma que han causado un daño económico al estado”.

La investigación realizada determinó que existió la toma violenta de los medios estatales, la suspensión arbitraria de las emisiones y afectación de la transmisión en perjuicio del derecho a la información de la ciudadanía, entre de otros delitos.

Además, afirma la autoridad que se pudo constatar que durante el periodo comprendido entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, el manejo de los medios estatales incurrió en procedimientos fuera de la norma que causaron daño económico al Estado de al menos 9 millones de bolivianos, a causa de la administración y el mal manejo de los medios estatales de comunicación.

El cierre violento de las instalaciones de Bolivia TV del 9 al 13 de noviembre duró un total de 92 horas con 16 minutos (3 días, 20 horas y 16 minutos), tal como consta en el informe del GIEI. Este cese de emisión significó pérdidas económicas concernientes a gastos operativos de emisión e incumplimientos de contratos comerciales.

El daño también abarcó a las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs). En 2019 funcionaban 89 medios de este tipo. En 2020, 71 radios fueron obligadas a suspender sus emisiones (79.78%), como consecuencia de esto, durante el transcurso de la pandemia, más de tres millones de personas fueron afectadas.

La auditoría también reveló la contratación irregular de personal, estas personas contratadas como analistas, directores y asesores, — muchos conocidos por su abierta oposición al gobierno de Evo Morales— incurrieron el incumplimiento de requisitos para ejercer un cargo, inasistencia a la fuente laboral, el incumplimiento de contratos y otras contravenciones, tanto del empleador como de quienes prestaron el servicio.

Alcón agregó que estas personas fueron convocadas a demostrar sus descargos laborales, sin embargo no respondieron el llamado, en este sentido, la viceministra subrayó que es condición al ejercer un cargo público que se rindan cuentas en cumplimiento con las leyes bolivianas.

Por otro lado, sumada a la suspensión forzosa de la señal de Bolivia TV; periodistas, trabajadores y sus familias fueron amenazados en su integridad física. En instalaciones de la Regional Cochabamba, además, se encontró escudos utilizados en acciones violentas por el grupo parapolicial “Resistencia Juvenil Cochala”.

Finalmente la viceministra apuntó que los delitos incurridos en la gestión de los medios estatales durante gobierno de facto, están tipificados en el Código Penal Boliviano como: Contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos, Conducta antieconómica, Atentados contra la Seguridad de Servicios Públicos e Incumplimiento de Deberes.

“Todo esto vulnera las normas legales y afecta el derecho a la información y a la población boliviana” precisó la autoridad.

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